“Sence otorgó el IFE Laboral a postulantes que no cumplían con alguno de sus requisitos”. Esa es la primera conclusión del informe final de ...
Esa es la primera conclusión del informe final de una auditoría y un examen de cuentas efectuado al proceso de otorgamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral por parte del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) entre agosto de 2021 y el 28 de febrero de 2022, por parte de la I Contraloría General Metropolitana de Santiago. Y es que en medio del análisis, la entidad acreditó que hubo entrega del beneficio a personas que se encontraban contratadas por un empleador del Estado; beneficiarios que no cumplían con el requisito de cesantía; o que prestaban servicios para el Estado mediante la modalidad a honorarios, lo que imposibilitaba, en teoría, que pudiesen acceder al mismo.
Por lo mismo, ordenó que se restituyan de forma íntegra los fondos mal gestionados y que asciende, de acuerdo con el organismo encabezado por Jorge Bermúdez, a $ 3.574.640.527. Conforme al detalle, $ 435.905.117 se entregaron a personas contratadas por un empleador estatal, $ 579.351.832 a quienes no estaban cesantes y $ 2.559.383.578 a beneficiarios que prestaban servicio al Estado como honorarios. Todo, según lo dispuesto, deberá reponerse en un plazo de 60 días desde que se reciba el citado informe.
Junto con esto, Contraloría estimó que Sence deberá realizar una revisión acabada de los montos entregados a empleadores estatales, solicitándole que exijan el reintegro del beneficio a quienes incumplían con los requisitos, desde el 1 de agosto de 2021 hasta la fecha.
Igualmente, considerando que durante el citado periodo se contrataron los servicios vía trato directo de la empresa Manpower, para “proveer servicios de apoyo para la gestión de información y atención de los beneficiarios”, los auditores evidenciaron una serie de falencias. Así, enumeraron: la contratación no se ajustó a derecho, que faltó acreditar la experiencia laboral de los funcionarios de la misma, que hubo pagos por servicios no contratados, incumplimientos en la elaboración y notificación de programaciones de resoluciones, falta de documentación para pagos, aprobación de informes mensuales no realizada, y emisión de informes mensuales incompletos.
“Sence otorgó el IFE Laboral a postulantes que no cumplían con alguno de sus requisitos”.
Esa es la primera conclusión del informe final de una auditoría y un examen de cuentas efectuado al proceso de otorgamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral por parte del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) entre agosto de 2021 y el 28 de febrero de 2022, por parte de la I Contraloría General Metropolitana de Santiago. Y es que en medio del análisis, la entidad acreditó que hubo entrega del beneficio a personas que se encontraban contratadas por un empleador del Estado; beneficiarios que no cumplían con el requisito de cesantía; o que prestaban servicios para el Estado mediante la modalidad a honorarios, lo que imposibilitaba, en teoría, que pudiesen acceder al mismo.
Por lo mismo, ordenó que se restituyan de forma íntegra los fondos mal gestionados y que asciende, de acuerdo con el organismo encabezado por Jorge Bermúdez, a $ 3.574.640.527. Conforme al detalle, $ 435.905.117 se entregaron a personas contratadas por un empleador estatal, $ 579.351.832 a quienes no estaban cesantes y $ 2.559.383.578 a beneficiarios que prestaban servicio al Estado como honorarios. Todo, según lo dispuesto, deberá reponerse en un plazo de 60 días desde que se reciba el citado informe.
Junto con esto, Contraloría estimó que Sence deberá realizar una revisión acabada de los montos entregados a empleadores estatales, solicitándole que exijan el reintegro del beneficio a quienes incumplían con los requisitos, desde el 1 de agosto de 2021 hasta la fecha.
Igualmente, considerando que durante el citado periodo se contrataron los servicios vía trato directo de la empresa Manpower, para “proveer servicios de apoyo para la gestión de información y atención de los beneficiarios”, los auditores evidenciaron una serie de falencias. Así, enumeraron: la contratación no se ajustó a derecho, que faltó acreditar la experiencia laboral de los funcionarios de la misma, que hubo pagos por servicios no contratados, incumplimientos en la elaboración y notificación de programaciones de resoluciones, falta de documentación para pagos, aprobación de informes mensuales no realizada, y emisión de informes mensuales incompletos.
