Prisión preventiva para sujeto acusado de decapitar a adulta mayor para robarle pensión en Puerto Saavedra. El imputado luego del crimen re...
Prisión preventiva para sujeto acusado de decapitar a adulta mayor para robarle pensión en Puerto Saavedra.
El imputado luego del crimen registró el domicilio, sustrayendo especies y una suma de dinero de $283.884. En su huida, además, se encontró con la hija de la víctima a quien amenazó. Se fijaron seis meses para la investigación.
Un hombre, identificado como Luis Alejandro Huaracán Catrilef, quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, tras ser formalizado por los delitos de robo con homicidio y amenazas simples, hechos ocurridos el pasado sábado en la comuna de Saavedra, en la Región de La Araucanía.
De acuerdo a la Policía de Investigaciones (PDI), el crimen -ocurrido el domingo- fue advertido por la hija de la víctima, quien encontró a su madre de 76 años fallecida al interior de la casa de un sector rural donde vivía sola y donde habría visto y escuchado movimientos extraños dentro de su propiedad, por lo que solicitó ayuda a través de un mensaje de Whastsapp.
En la audiencia de formalización que se produjo en el Juzgado de Garantía de Carahue la fiscal Andrea Rivas afirmó que el acusado perpetró el crimen golpeando a la adulta con un objeto contundente, para luego atacarla con un cuchillo y causarle heridas de gravedad.
“A raíz de las acciones del imputado, doña Petronila Huaracán Cayupil resultó fallecida a causa de decapitación, compatible con la acción de terceros, muerte de tipo homicida conforme al Servicio Médico Legal y certificado de defunción”, aseguró la fiscal Rivas.
Asimismo, el Ministerio Público detalló que el acusado registró la vivienda, apropiándose de diversas especies y la suma de dinero de $283.884, que correspondían a la pensión de la mujer. En su huida, Huaracán Catrilef, se encontró con la hija, quien llegó a prestar asistencia a su mamá, a quien amenazó de muerte.
El juez Freddy Gramer, en tanto, ordenó el ingreso a prisión preventiva por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó un plazo de seis meses para desarrollar la investigación.
