La Superintendencia de Seguridad Social, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Superintendencia de Salud, dieron a conocer el “Informe An...
La Superintendencia de Seguridad Social, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Superintendencia de Salud, dieron a conocer el “Informe Anual de Licencias Médicas y Subsidio por Incapacidad Laboral 2018”.
Esta verdadera radiografía a las licencias en nuestro país, estableció que el 2018 se tramitaron en Chile un total de 5.692.855 licencias médicas de origen común, lo que representa un incremento de 7,5% respecto al año anterior.
Además, el sistema en su conjunto pagó un total de $1,4 billones, en materia de Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL), lo que representa un incremento real de un 6,7%.
Según el informe, 3 de cada 4 licencias corresponde a Fonasa (4.219.301), mientras que el resto fueron tramitadas por Isapres (1.473.554), siendo las más rechazadas, la que tienen que ver con trastornos mentales.
En cuanto a la cifra global de rechazos, 213.564 correspondieron a Fonasa y 220.651 a isapres.
Trabajador
Respecto a estos resultados, Patricio Puebla, secretario académico de Salud de la UBO, explicó a La Hora que “en primer lugar hay que limpiar los datos porque el alto número de las licencias de Fonasa se deben a que una gran parte de la población está en el sistema público de salud. Si tomamos la comparación del año anterior de las licencias en Fonasa nos encontramos con una variación de 3%”.
En relación al aumento de las licencias por patologías osteomusculares, Puebla estima que se deben a que “a pesar de los esfuerzos de las mutualidades en prevenir, la verdad es que hay una brecha grande en lo que se propone y lo que efectivamente se hace en un puesto de trabajo, y no me refiero sólo a labores que implican carga física”.
“Los trabajadores pasan de 9 a 10 horas en su trabajo y sus espacios laborales no están acorde a sus medidas ni a su peso”, indica.
Por su parte, Rodrigo Varela, gerente de Inmune, institución que mide el impacto de las licencias médicas en las empresas, cree que “el aumento de estos certificados genera una razonable desconfianza en las contralorías médicas de Compin e isapres, lo que provoca que los trabajadores enfermos terminen siendo los más perjudicados, quienes ven atrasado el pago de sus licencias o derechamente rechazados sus permisos”.
